Por Raúl Pizarro Rivera
Un economista que décadas atrás tuvo cierta connotación tanto en su profesión como en la docencia universitaria, que fuera fundador del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y hoy en el centro político, manifestó que la propuesta del candidato JA Kast de revocar la cesión impuesta por ley a los trabajadores formales de prestarle parte de sus cotizaciones previsionales al Estado para que la utilice en solidaridad, “puede alterar la paz social en el país”.
Del 8,5% de aumento que le corresponde a cada trabajador formal por el aporte extra patronal, un 2,5% no va a sus ahorros, sino al fondo fiscal en la esperanza, remota, de que algún día, el Estado se lo restituya.
A título de ejemplo, tomando el sueldo promedio de un trabajador de $ 897.019, con el porcentaje adicional del empleador, aquél le sube $ 53.821, pero deja de percibir $ 8.970, suma que, por la fuerza, mensualmente y por tiempo indefinido debe ‘presentársela’ al Estado.
La situación fiscal del país es catastrófica como para creer que ese dinero “prestado por un tiempo” por los trabajadores formales volverá luego a sus manos. Indicio de ello es que Hacienda anunció severos recortes presupuestarios en el recién nacido ministerio de Seguridad, en la SEGPRES y la desaparición de algunas instituciones de nulo aporte, entre ellas la SEGGOB, en la cual vocea una comunista deslenguada y embustera, la elegantísima socialité, madame Camille Vallejó …En el lapso de un año, la economía de este Gobierno generó la creación de 141 nuevos empleos formales. ¡141!
Según aquel economista, si se les priva de dicho ‘regalo’ a los incógnitos y no cuantificados receptores de la solidaridad social, “podrá originarse una alteración de la paz social” (¡¡!!) Inaudito: las víctimas, según él, serán los informales beneficiados -que no pagan impuestos- y los reales perjudicados son los 580 mil empleados formales que ni siquiera han alterado la paz social por la expropiación de que, por ley, fueron víctimas.
Promotora de ello fue la hoy candidata comunista Jeannette Jara, quien en su calidad de ministra del Trabajo partió exigiendo que todo el porcentaje adicional de cotización previsional aportado por la patronal “debe ir al Estado para solidaridad social”. Está escrito y grabado: ¡a no olvidarlo!
La paz social -según definición universal- es “un estado de bienestar y armonía en una sociedad, caracterizado por la ausencia de conflictos violentos y por la presencia de condiciones que garanticen la dignidad, los derechos y la justicia”. De acuerdo a ello, ¿existe hoy paz social en Chile? Desde 2019 no la hay, y tampoco la habrá apenas se oficialice la derrota de la izquierda: su promesa de que vendrán muchos otros ‘estallidos’ la hará efectiva. Visto así, la derecha triunfante no altera la paz social, sino que la recupera.
Según documento oficial de la ONU, “la violencia callejera atenta gravemente contra la paz social porque daña el tejido social, aumenta la inseguridad, fomenta el miedo generalizado, erosiona la confianza entre las personas y deteriora el desarrollo social de las comunidades”. De punta a cabo, tal descripción es una fotografía de lo que ocurre hoy en Chile.
“La paz social es la creación de un entorno en el que todos podamos prosperar" escribió Nelson Mandela, texto obviamente ignorado por la izquierda. A su vez, un progresista como Jorge Bergoglio reclamó por “la burda contradicción de quienes predican la paz social pero no la practican”. El artículo 24 de la Constitución Política de Chile -en plena vigencia, por si alguien lo olvida- “obliga al Presidente de la República a mantener el orden público y la seguridad”, lo que constituye un impecable ejemplo de incumplimiento por parte del Gobierno desde el 2022 a la fecha.
En lo que va de este año, sólo en la Región Metropolitana se han registrado 225 homicidios; un 61% de la población revela haber sido víctima de un robo y un 60% de ellos con violencia; a nivel nacional, el promedio de asesinatos es de 8 por cada 100 mil habitantes; hay 500 cadáveres sin reclamar en el IML; en un año, los secuestros aumentaron de 450 a 840 y la inmigración ilegal continúa sin freno en la frontera norte ¿Esto es paz social?
Instalarla y afianzarla efectiva y eficazmente en breve plazo, es el prioritario compromiso electoral, y exclusivamente, de la derecha, la que nada tiene que transar ni ceder para lograrlo. Sólo requiere del comprobado espíritu colaborativo de una población que muy mayoritariamente pide el ejercicio de una autoridad firme para erradicar la maldad y el delito desde el seno de una ciudadanía que vive atemorizada.
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