Por Raúl Pizarro Rivera

A mediados de 2021, cuando Gabriel Boric no figuraba en las encuestas presidenciales, quien las encabezaba era el entonces alcalde de Recoleta e influyente miembro del Comité Central del Partido Comunista, Daniel Jadue, hoy con arresto domiciliario total por estar acusado de estafa y desfalco. En esa oportunidad, afirmó categóricamente que “soy fervoroso partidario de las tomas de terrenos y enemigo declarado de desalojarlas”.

Jadue fue postulado por su partido como candidato a diputado, consciente éste de su situación judicial y a la espera de una sentencia para la cual la Fiscalía pidió una condena de 18 años de cárcel. Pese a ello, el SERVEL le dio el pase para postular, aunque sólo con los votos a favor de los consejeros de Gobierno. No fue, ni será, ésta la única vez en que La Moneda interviene en situaciones judiciales en auxilio de gente suya autora de delitos.

La Corte Suprema, en marzo de 2024, confirmó una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso ¡de junio de 2023! para que se restituyese a sus dueños las 260 hectáreas tomadas por dirigentes vecinales de extrema izquierda y que dio lugar a lo que se conoce como campamento del cerro Centinela de San Antonio. Este 3 de septiembre se cumplió el ¡tercer plazo! para el desalojo por la fuerza de dicha mega toma, pero, también por tercera vez, intervino el Gobierno para impedirlo.

Los usurpadores transformaron el gigantesco terreno en una mini ciudad, con abundancia de automóviles, con construcciones de hasta 160 m2., con energía eléctrica y abastecimiento de agua clandestinos y con un diverso comercio que incluye hasta salón de belleza.

Simultáneo a este tercer fallido desalojo en San Antonio, vecinos del lago Lanalhue, en Malleco, oficiaron a la Contraloría de la República la negativa del Delegado Presidencial Provincial de hacer ejecutar el fallo judicial de desalojo de una antigua toma mapuche a orillas de dicha fuente lacustre. ¿A la Justicia (chilena) no le hacen caso o ella, por sí misma, fomenta dicha situación? Ambas cosas.

Qué peor ejemplo el de la jueza Irene Rodríguez, quien está imputada por prevaricación, al dejar libre a un sicario asesino venezolano: continúa de sumario en sumario internos, siendo que en cuestión de horas debió ser dada de baja del Poder Judicial, al igual que sus funcionarios del octavo juzgado de garantía, quienes a su juicio “cometieron un error involuntario”..

Es fácil, entonces, explicarse el por qué la confianza de los chilenos en el sistema judicial es inferior al 20%. Ya en el 2009 -con Bachelet-, la credibilidad en los tribunales era sólo de un 20,7%, ello según una investigación de la universidad Diego Portales. Tan precario prestigio es causado por el garantismo incluido en la reforma procesal penal aprobada durante el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle: resultó peor el remedio que la enfermedad.

A diferencia de los imputados (victimarios), que se benefician por la presunción de inocencia, las víctimas son las directamente afectadas por el sistema. Hay jueces que exigen las pruebas más insólitas para animarse a dictar sentencias.

El fiscal que ¡hace un año! presentó cargos contra Manuel Monsalve por violación, le informó al tribunal que “hace meses que tengo listas todas las acusaciones”, pero la jueza extendió el plazo en dos meses en favor del imputado “porque su defensa tiene diligencias pendientes”…

Todo el país sabe que el Gobierno es el principal interesado en que el fallo se dilate, ojalá, hasta más allá de su mandato. La magistrada que dejó con libertad diurna a Daniel Jadue, justificó su decisión en que “necesita trabajar de día porque se le acabó el dinero” y en que “el encierro le ha originado trastornos mentales”… Rapidísima, la Corte le revocó su delirante decisión, pero ella sigue en su puesto, como si nada. Otro tribunal, con anterioridad, sacó a Monsalve de la cárcel de Rancagua “porque lo amenazaron de muerte” (¿?) y, sin embargo, hoy está sólo con arresto en su departamento de Agua Santa, en Viña del Mar, donde el riesgo de amenazas -si es que las hubo- es mucho mayor.

Fue una Corte la que marginó del juicio por desfalco contra ProCultura a la ex esposa del autor de la defraudación y, a su vez, psiquiatra y amiga de confianza del Presidente de la República, y fue ese mismo tribunal el que marginó de un caso de especulación mobiliaria con dineros fiscales a la comunista ex alcaldesa de Santiago.

En octubre de 2019, en plena intentona de Golpe de Estado del PC y el FA, el entonces presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, advirtió que “no aceptaré que me llenen de detenidos los juzgados”. A buen entendedor…

El ex presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, ejerciendo su cargo, envió un mensaje a todos los jueces del país, diciéndoles que “no puede ser parte del Poder Judicial aquél que dicte sentencia sin remitirse exclusivamente a las leyes y a los códigos”: por lo visto en la actualidad, una mayoría de magistrados no lo escuchó.

La población no logra entender la larguísima trama del crimen no resuelto del niño Tomasito Bravo, ocurrido en febrero de 2021 en Lebu, como recién ahora, con el caso del lanchón Bruma, razona conclusiones acerca de la enorme cantidad de pescadores artesanales desaparecidos en alta mar.

No son pocos los casos de jueces denunciados por corrupción, pero son peores y hasta más peligrosos para la sociedad quienes proceden anteponiendo a los códigos sus personales ópticas de “hacer justicia” desde una perspectiva social o claramente de ideología política. El juez Daniel Urrutia ha sido inhabilitado en múltiples ocasiones por sus sentencias desvergonzadamente pro izquierda y ahora está suspendido por declarar inadmisible una querella de una municipalidad derechista, según él. Igual, continúa en el Poder Judicial.

El gran talón de Aquiles de tan parcial sistema es el radical giro ideológico en el seno de su Academia Judicial, donde se forman (o deforman) a los matriculados para seguir dicha carrera, tras titularse de abogados. El reclutamiento de sus profesores está condicionado a su tendencia política para que el “lavado de cerebro” iniciado en la educación básica y concluido en la universitaria, sea todavía más profundizado para poder dictar una justicia cada vez menos imparcial.

O sea, el Poder Judicial no tiene para cuándo ser realmente un reflejo del símbolo de la Justicia, una mujer sin visión y con una muy equilibrada balanza en una de sus manos. Los jueces chilenos tienen muy buena visión y no conocen lo que es el equilibrio de una balanza.

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