Por Raúl Pizarro Rivera

Se considera a la libertad de expresión como el primero, y, por ello, el más importante derecho de un ser humano, dado que es, también, el primero en ejecutarlo apenas salido del vientre materno.

Según la literatura universal al respecto, se trata “del primer lenguaje del recién nacido para expresar sus necesidades, tanto físicas como emocionales”.

En virtud de este concepto, puede concluirse que la libertad de expresión es la que le permite a cualquier ser humano exigir, reclamar, denunciar o protestar en pos de todas las demás: de pensamiento, de elección, de decisión, de educación, de movimiento, etc. Sólo el acceso pleno a todas ellas le permite a un individuo garantizar que se desenvuelve en una democracia, y plena.

Todos quienes participamos en las comunicaciones no podemos, entonces, desentendernos del intento del Senado de la República de sancionar con cárcel a funcionarios públicos, ciudadanos en general y periodistas que difundan “información reservada” o “bajo secreto”.

En Chile nunca ha habido fidelidad a un secreto, excepto en situación de amenaza bélica a la soberanía. El proyecto del Senado, conocido como Ley Mordaza 2.0, fue ideado por quienes no son virginales en cuanto a blancura en sus conductas y procedimientos, y es consecuencia de las revelaciones que han dejado a este Gobierno y a sus miembros al desnudo en cuanto a su falta de moral, su deshonestidad y su afición por apropiarse de lo ajeno. Son incontables los casos de robos de dineros de todos los chilenos, con autorías de capitán a paje.

El descaro para defraudar no tiene límites: la Contraloría descubrió todo un récord mundial de pituteo, al detectar la existencia de varios funcionarios públicos que trabajan ¡simultáneamente en 11 Ministerios! Tal fanatismo laboral les permite a cada uno obtener $22 millones al mes. Esta Ley Mordaza 2.0 es la continuación de un fallido intento sobre lo mismo, en 2016, surgido tras los casos Penta y SQM, que afectaron a políticos de todos los sectores, y, en particular, al amigo y ministro de Bachelet, Rodrigo Peña y Lillo, que recibió millones a cambio de un “estudio” que bajó de Internet y cuyo pago fue a la campaña presidencial de ella.

Esta nueva Ley Mordaza propone “penalizar a los funcionarios públicos que no respetasen la reserva de las indagaciones”, pero, además, a “cualquiera que difundiera” ese tipo de antecedentes, incluido, por cierto, el periodismo.

Fue éste, el periodismo, el que puso fin anticipado al segundo Gobierno de Michelle Bachelet, al revelar la especulación inmobiliaria de su entonces nuera para adquirir un sitio que sería vendido en el doble a CODELCO. Efectivamente, la entonces Presidenta se “informó por la prensa” del negociado, ya que la esposa de su hijo, jefe de una repartición en La Moneda, le entregó personalmente en su residencia veraniega de Caburgua el ejemplar que contenía la denuncia.

Hoy, partícipe de este proyecto mordaza es una “honorable” que en octubre de 2019 instó a sus huestes “progresistas” a incendiar el centro de Santiago. El documento consigna que “recientes causas penales de alta cobertura mediática, como los casos Audio, Monsalve y Sierra Bella, evidencian una tensión creciente para el derecho (¡¡!!), para la intimidad y para la privacidad, especialmente cuando existen asuntos de interés público”. La comunidad no sólo tiene el derecho a informarse sobre la conducta de sus autoridades, sino siente una natural curiosidad por conocer las cuantías de sus ilícitos.

En ninguno de los escandalosos y vergonzosos episodios que han protagonizado funcionarios y amigos muy cercanos a este Gobierno, se ha dañado la intimidad de ellos, porque, sumariamente, la ley es clarísima en cuanto a que “la privacidad es todo lo que, en intimidad, se vive dentro de cuatro paredes”. Todos estos delitos -como los de Manuel Monsalve, Irací Hassler, Karol Cariola, Karina Oliva, Camila POlizzi, Daniel Jadue, , las parientes Allende, Alberto Larraín, Claudio Orrego, Catalina Pérez y otros más- fueron de un súper conocimiento público a raíz de la ventilada actuación de sus propios protagonistas.

La mordaza surge muy clara en el siguiente párrafo del proyecto senatorial: “si bien la transparencia sigue siendo un pilar fundamental para la legitimidad del sistema de justicia (¿¿??), estos episodios demuestran la necesidad urgente de establecer límites claros y efectivos a la divulgación de información sensible durante las investigaciones”. Por cierto, ésta es una clara alusión a los “pinchazos” telefónicos realizados por la PDI a “sujetos de interés judicial”, entre ellos, el mismísimo Presidente de la República, y tales procedimientos no pueden realizarse acaso los investigadores no cuentan con la autorización de un juez o jueza de Garantía. En consecuencia, las temibles “filtraciones” telefónicas o de chats son fruto natural del nuevo sistema procesal penal, en operación desde el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle.

Fue una investigación de un periodista, Jorge Lanata, la que le permitió a la justicia y, finalmente, a la Corte Suprema de Argentina condenar a seis años de cárcel a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, famosa internacionalmente por su vocación de ladrona: dio la vuelta al mundo la imagen de subordinados suyos, lanzando bolsas de dinero al interior de un convento de monjas en un afán desesperado por esconderlas.

Son, también, periodistas, pero chilenos, quienes cotidianamente averiguan y descubren el mal proceder de las autoridades, pan de cada día de este Gobierno, pero, como siempre, manteniendo las reservas de sus fuentes, tal como les impone la ética de su profesión. ¿Por qué las hacen públicas?: ¡porque se trata de delitos!

Es una inmoralidad de parte de los senadores que exijan reserva para Manuel Monsalve, cuando gracias a las cámaras públicas todo el país se enteró de sus hazañas nocturnas y de madrugada, en plena calle con una dependiente suya en Interior, previamente drogada.

La falta de realismo de estos senadores queda en evidencia, al acentuar en su proyecto mordaza “el daño” que, con las filtraciones, se les puede causar a las ¡presuntas víctimas!” (¡¡!!) Este tipo de texto, que colinda con la solidaridad delictual, aclara el por qué el Senado, y el Congreso Nacional en general, no logran bajar el 88% de repudio popular entre las instituciones públicas.

El reverso de la medalla es el periodismo: ha sido su persistencia en investigar al delito esté donde esté, y ello le ha permitido “destapar ollas” y dejar en evidencia ante el país el por qué este Gobierno, y por lejos, es el más descarado y manilarga de la historia.

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