Por Raúl Pizarro Rivera
Las reglas de nuestro idioma definen al delito como “toda acción u omisión voluntaria o imprudente castigada por las leyes penales”, y en una acepción más acotada lo describe, así de simple, como “cualquier acto o hecho reprobable”. En ambas definiciones idiomáticas calza el intento de fraude al Fisco cometidos, en perfecta pero ilícita coordinación, por el Gobierno y por descendientes de la familia Allende/Bussi, operación fallida y que culminó con la destitución de la senadora Isabel Allende Bussi y con la forzada renuncia al ministerio de Defensa de su sobrina Maya Fernández Allende, ambas militantes socialistas.
Ésta es hija de un agente secreto de Fidel Castro que se infiltró en la intimidad del fallecido Mandatario, al casarse con Beatriz ‘Tati’ Allende sin desvincularse de su familia cubana residente en La Habana.
No hay que ser un gran investigador para deducir las motivaciones que tuvieron las parientes Allende y el Presidente Gabriel Boric para dar curso a una transferencia absoluta y totalmente impedida por la Constitución. Todos quienes ayer, hoy y siempre pasan por la “formación marxista” pierden todo distingo entre lo correcto y lo incorrecto, fruto de la base piramidal de su doctrina: la revolución avala todo. La desaforada diputada Catalina Pérez (FA) dio la orden de poner un cartel de una Fundación bruja a un domicilio particular y al hoy ministro Álvaro Elizalde (PS), cuando era senador la narco/municipalidad de San Ramón le obsequiaba, sin examen alguno, su licencia de conducir.
Esta deformación por causa de la formación lo refuerza la Academia de la Lengua, la que atribuye el delito al “abuso de autoridad”. La trilogía era perfecta: un Presidente, una ministra y una senadora. La RAE detalla que “el abuso de poder es el uso indebido de una posición de privilegio para obtener beneficios personales”.
Sólo para ordenar la cantidad de ilícitos cometidos en este fraude frustrado, los consignamos numeralmente:
Delito 1.- El origen de tan larga cadena de violaciones a la legalidad, es la vivienda que en 1963 adquirió el entonces perpetuo candidato presidencial del socialismo, Salvador Allende. Se ubica en calle Guardia Vieja 392, Providencia, con 246 mts.2 construidos. Dicha propiedad no está en regla, pues su fallecido dueño la amplió en casi 100 metros para añadirle una gran suite matrimonial y una amplia cocina acorde a sus continuas recepciones políticas. Hasta la fecha, dichas modificaciones carecen del permiso municipal obligatorio y menos de la recepción final de las obras.
Tal situación ha permitido que los herederos del ex Presidente, por años, han pagado menos contribuciones de las reales a raíz de un avalúo fiscal menor al que corresponde;
Delito 2.- La idea del malévolo negocio fue exclusivamente de la familia Allende, heredera de la residencia. Su propósito: convertirla en casa/museo, que la comprase el Fisco y que el Estado le entregase su dominio a la Fundación Salvador Allende, dirigida por Marcia Tambutti, hija de la removida parlamentaria;
Delito 3.- El proyecto engañoso y su tramitación, Isabel Allende se lo encargó a su yerno abogado Felipe Vio, quien legalmente asumió la representación familiar;
Delito 4.- En marzo de 2024, Vio se entrevistó con José Cortés, asesor legal del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) para “venderle la pomada”. Éste le advirtió el escollo inconstitucional del negocio, dado que una de las partes eran funcionarias del Estado y que, si llegaba a concretarse la compraventa, la propiedad debía quedar como bien de su Servicio, ya que los fondos destinados a la fraudulenta operación, $ 1.200 millones, eran del presupuesto anual del SERPAT. Es más, Cortés recomendó a la Presidencia que no se materializara el negocio por “carecer de jerarquía patrimonial”;
Delito 5.- Al SERPAT se le despojaba de sus fondos, pero no tendría injerencia alguna en la compra, porque ésta la ejecutaría el Ministerio de Bienes Nacionales. En su historia, esta Secretaría de Estado nunca había adquirido propiedades que no fuese por razones sociales;
Delito 6.- A raíz de la negativa del SERPAT, la entonces senadora se lo hizo saber al Presidente de la República, quien “instruyó” que el contrato de compraventa lo suscribiese la ¡SEREMI Metropolitana de Medio Ambiente!, Carol Castro, a quien se le dio la orden de “firmar y punto”, porque de la tramitación se iba a encargar el Ministerio. A los abogados de la SEREMI sólo se les consultó el nombre de la notaría con la cual solían trabajar;
Delito 7.- El Presidente instruyó a Hacienda para que en el Presupuesto Anual incluyera una glosa destinada a la adquisición por parte del Estado de la propiedad de Guardia Vieja. Ningún parlamentario, de comisión o subcomisión, reparó en la inconstitucionalidad y menos quienes en Sala votaron favorable y mayoritariamente el Gasto General Fiscal para el 2025. O sea, delito colectivo por omisión;
Delito 8.- Ya despachado el Presupuesto Nacional, el 25 de noviembre de 2024, el Presidente Boric firmó el Decreto Supremo, ordenando la compra de la vivienda que fuera de Salvador Allende, consciente -imaginamos, él y sus asesores- de la inconstitucionalidad del negocio;
Delito 9.- La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, visa “administrativamente” la compra fiscal sin alusión alguna a su ilegalidad por violar la Constitución. Delito por omisión;
Delito 10.- El decreto de compraventa ilegal pasó por las manos de 17 abogados y la última en poner su firma fue la jefa de la División Jurídica Legislativa de la SEGPRES, Francisca Moya. Ésta, convocada por la Cámara de Diputados, reveló saber la irregularidad, pero “me pagan por chequear lo legal y no lo constitucional” … (¡¡¡!!!);
Delito 11.- Descubierta la movida ideada por la familia Allende, Boric hizo pagar los costos a la (ex) Ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien interrumpió sus vacaciones para anunciar “el inmediato retiro” de la compraventa, siendo que la escritura pública y el vale vista por $1.200 millones ya estaban cuidadosamente guardados en la caja de fondos de una notaría. Instruida por el Presidente, Sandoval dio por superado el capítulo, instando a “olvidarlo”;
Delito 12.- Descubierta en el ilícito, la todavía senadora Allende le mintió al país, al afirmar, primero, que “no sabía lo del impedimento constitucional” pese a sus tres décadas de experiencia política; luego, apeló a que “nadie me alertó de que existía un impedimento” y, por último, en una actitud de absoluta soberbia, manifestó que “soy inocente porque la compraventa no se hizo”.
El intento de fraude es igual de delictual que el fraude mismo;
Delito 13.- Su sobrina Maya Fernández Allende fue algo más decorosa, al reconocer que “algo se hizo mal”, ello antes de renunciar como ministra de Defensa en la víspera de una acusación constitucional en su contra;
Delito 14.- Son autores del delito de violar lo que manda la Constitución todos los diputados que votaron en contra de la Acusación Constitucional para salvar a Fernández. Un vocero socialista afirmó que “en el Congreso no se vota jurídicamente, sino políticamente”, lo que reafirma que para la izquierda la institucionalidad es letra muerta;
Delito 15.- Lo anterior es válido para la histérica reacción del PS, al culpar a los ministros del TC adherentes al Frente Amplio de no haber votado ¡políticamente! en favor de Isabel Allende para impedir su destitución.
No es que ellos no hayan deseado hacerlo: simplemente no pudieron, ante la irrebatible potencia de la denuncia por la inédita trampa de una senadora que, felizmente, ya no está.
SI TE GUSTÓ, COMPÁRTELO
.