18 de abril de 2025 

Hermógenes Pérez de Arce

Abraham Santibáñez dice, en Cartas a El Mercurio de hoy, que los primeros detenidos desaparecidos por la Junta fueron quince cadáveres hallados en hornos de una mina abandonada en Lonquén. Pero miente: la Junta era inocente. Los hechos: después del 11 de septiembre de 1973 carabineros rasos de Lonquén, junto a civiles, cobraron venganza contra gente de la Unidad Popular que había cometido robos de animales y otros atropellos. Civiles y carabineros (sin orden superior) dieron muerte a 15 personas y lanzaron los cadáveres a una mina de cal abandonada. De esto nadie supo. Ni siquiera el comisario de Lonquén. Quedó probado en el juicio. 

Cuando cinco años después alguien descubrió los restos, la noticia dio la vuelta al mundo. Naturalmente, tal como lo hace Santibáñez hoy, se le cargó la responsabilidad a la Junta. Pero ésta no tenía ninguna. 

También Gabriel Boric en un tuit de ayer, carga a la Junta "los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio." Pero, como de costumbre, miente.

Pues ¿por qué nunca procesaron a la Junta por todo eso? Simplemente porque no es verdad. Hubo un solo juicio y fue contra el  senador Augusto Pinochet, por el caso de la comitiva del general Arellano. Llegado a la Corte Suprema, la misma declaró por unanimidad de sus miembros que Pinochet no era autor ni cómplice, en sentencia del 8 de agosto de 2000. Pero por 13 votos contra 6 determinó que había sospechas de que hubiera sido encubridor. Tampoco lo fue. Después fue sobreseído por razones de salud. 

Pues la verdad era que tampoco podía ser encubridor, porque el supuesto delito era "secuestro permanente", es decir, que supuestamente seguía cometiéndose de manera indefinida. Una "ficción jurídica". Un juez no puede fingir, debe probar. Pero en Chile no. Y además ese delito sólo puede ser cometido por particulares, como lo expresa el párrafo 3° del título III del Código Penal, y la comitiva era de funcionarios públicos. En fin, sólo puede haber encubrimiento cuando el delito ya ha sido cometido, como observó el voto de minoría de seis supremos. Y en este caso se seguía, supuestamente, cometiendo, luego no podía haber encubrimiento.

No hubo otro juicio contra la Junta o sus miembros. ¿Por qué? Porque no fueron responsables de otros delitos. Entonces, descartados los "asesinatos".

Tampoco hubo "desaparecidos". Los únicos 651 denunciados durante el gobierno de la Junta y el de Pinochet, 1973-1990, tienen hoy su paradero determinado, si se contabiliza los restos que ningún gobierno, desde el 11 de marzo de 1990, ha querido identificar. ¿Por qué no hay "desaparecidos" 1973-90? Porque unos no figuran en el Registro Civil, otros han "reaparecido", otros han sido vistos vivos, según declaración jurada ante notario; otros aparecen habiendo viajado al extranjero y, en fin, otros más, cuyos restos están en el Cementerio General o el Instituto Médico Legal o la Universidad de Chile, ningún gobierno posterior al 11 de marzo de 1990 ha querido identificarlos. ¿Por qué? Sólo Johannes Kaiser ha prometido que lo hará. Desde luego, Boric no lo ha hecho ni quiere hacerlo. Esperemos a Kaiser. Pero una cosa debe ser clara: no se puede responsabilizar a la Junta de desaparecidos denunciados después de terminado su gobierno.

De las torturas sólo puedo decir tres cosas: que el único gobierno bajo el cual se persiguieron judicialmente fue el de la Junta y hay personas cumpliendo condenas por ellas; que bajo Allende fueron denunciadas en El Mercurio del 27 de febrero de 1972, siendo el autor de las mismas el subdirector de Investigaciones de Allende, el comunista Carlos Toro, y que Allende ni siquiera rectificó o desmintió al diario. Y además Allende fue acusado de apremios ilegítimos a opositores por el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973. En fin, también el gobierno de Frei Montalva fue acusado de torturas en un libelo de más de 100 páginas por abogados de izquierda, en 1970 en la revista Punto Final, entre ellos Ricardo Lagos, libelo que la DC nunca ha podido desvirtuar. 

Tanto Gabriel Boric (UP) como Abraham Santibáñez (DC) carecen, pues, de autoridad moral para formular acusaciones sobre torturas.

Y, finalmente, el "exilio" masivo, que nunca la Junta practicó. Sólo expulsó a poco menos de diez personas en casi 17 años (como Eugenio Velasco Letelier, Jaime Castillo Velasco, Renán Fuentealba, Manuel Bustos; e impidió el regreso transitoriamente a Andrés Zaldívar.) Nunca hubo exilio masivo. Los llamados "exiliados" fueron personas asiladas en embajadas que, para librarse de procesos por delitos contra la seguridad interior, pidieron, respaldados por gobiernos extranjeros, salvoconductos para viajar a otros países o conmutación de penas de presidio por extrañamiento (destierro) en el exterior. 

Conclusión: ni Abraham Santibáñez ni Gabriel Boric, en esta ocasión, han dicho la verdad.

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