Gonzalo Ibáñez Santamaría

El Congreso Nacional acaba de aprobar una ley destinada a elaborar un Registro Oficial de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, explícitamente orientado al período del gobierno militar. Se trata, sin duda, de provocar una ola de repudio a ese gobierno.

Este tipo de registro es necesario y, sin duda, muy educador; pero, no se puede dejar de denunciar la visión errónea de nuestra historia que está detrás del que ahora se pretende elaborar. Para los autores de esta ley, el gobierno militar fue producto de una asonada que sólo tenía por finalidad que los cabecillas uniformados llegaran al poder y desde él pudieran dedicarse a satisfacer sus más bajos instintos y para lo cual no tuvieron ningún remordimiento en quitar la vida a cuanta persona se les pusiera al frente. Por eso, Jaime Gajardo, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos declaró: “Este es un paso muy significativo para que en nuestro país nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió durante la dictadura militar”.

Pero la historia es muy distinta. Chile, en esos años, hacía frente a una brutal ofensiva destinada a convertirlo en un vasallo de la Unión Soviética al estilo de la Cuba de Fidel Castro y para la cual la violencia era el instrumento principal. Así, por ejemplo, lo había declarado el partido socialista en su congreso de Chillán de 1967: “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento” (N° 2). Chile era así llevado a una situación de guerra civil que iba a culminar con la masacre de cuantos se opusieran a ese designio. Paralelamente, el país sufría la aplicación de políticas socialistas y comunistas que lo llevaban a un estado de miseria extrema.

Entretanto, las Fuerzas Armadas y de Orden luchaban para mantenerse al margen de esta confrontación; pero, no pudieron. Al final, ante la decisión del gobierno comunista de destruir el país y ante un clamor ciudadano tan fuerte pidiendo su intervención, ellas no pudieron seguir neutrales y tuvieron que intervenir, armas en la mano. Por eso, podemos y debemos decir que, de los excesos que se cometieron en el uso de estas armas, una alta cuota de responsabilidad les corresponde a aquellos que hicieron necesario su uso. Ellos también deben pedir perdón a los deudos por la desaparición de estas personas.

Es inadmisible que los socialistas de ahora, sucesores de los que firmaron la declaración de 1967 y que trajeron la violencia a Chile, pretendan desconocer su responsabilidad en las consecuencias de esa violencia. Por eso, la primera condición para que no vuelva a repetirse un pronunciamiento militar en Chile es la de que nunca más padezcamos un régimen marxista como el de Salvador Allende.

Fuente: https://www.facebook.com/gonzaloibanezsm

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