Cristián Labbé Galilea
Tanto el “caso Tocornal” como el de la “detenida-aparecida”, no sólo han tenido amplia cobertura si no, que “han puesto la pelota al piso” en un tema al que la sociedad le ha hecho el quite desde hace tiempo… “la verdadera justicia”. Ambos casos han removido la conciencia ciudadana sobre el daño que generan falsos testimonios y lo irreparable que resulta la condena de un inocente por prejuicios o por jueces prevaricadores.
Son muchos los que hoy se preguntan ¿hasta dónde puede llegar la injusticia? Más duro aún, cuántos estarán pensando en la impotencia que deben haber sentido aquellos que, cargando sobre sus hombros una culpa que no les pertenece, murieron en cautiverio esperando que el sistema judicial que lo condenó tuviera el coraje de decir “nos equivocamos”.
Cabe preguntarse… ¿Habrá algo más injusto que condenar a un inocente, sin tener las pruebas necesarias, o por la declaración de sólo “un presunto afectado” cuyos falsos recuerdos reaparecen en forma milagrosa después de cincuenta años, o incluso por “ficciones jurídicas” creadas para fundamentar una injusta y prejuiciada condena?
Que fácil ha resultado para muchos, especialmente para nuestros políticos, “mirar para el lado” sabiendo que estas injusticias, particularmente en el caso de los militares, se han venido repitiendo por años. ¿Fue necesario que se conocieran los casos mencionados, ambos envueltos en denuncias falsas, condenas prejuiciadas, débiles garantías procesales e insuficientes pruebas, para que se tomara conciencia de lo precario e injusto que es nuestro sistema judicial?
Digámoslo claro, una condena injusta es un hecho irreparable, se trata de “una persona” que es despojada de sus derechos, de su libertad, de su reputación, situación que se agrava si esa injusta condena termina en que octogenarios soldados mueren privados de libertad, prisioneros del pasado que no conocieron la justicia, porque para ellos prevaleció el odio y la venganza.
Por lo mismo, la sociedad civil no puede ignorar que, en materias referidas a los Derechos Humanos, la izquierda ha logrado imponer tanto su verdad como su sesgo, violando todas las normas del derecho y del debido proceso, “a vista y paciencia” de una sociedad política que “ha dado la espalda” a los militares, y de un poder judicial “cooptado por la cobardía y la presión política”.
Estando ad-portas de una elección presidencial, es importante que los postulantes a la Moneda se pronuncien al respecto. ¿Mantendrán la conducta permisiva de sus partidos políticos ante quienes procuran que para los militares prime la venganza y no la justicia? ¿Mantendrán el apoyo al Instituto de los Derechos Humanos, que es una madriguera de comunistas? ¿O tomaran “el toro por las astas” y terminarán con “el geriatricidio” que significa que octogenarios soldados mueran injustamente privados de libertad?
Finalmente, pensando en la historia y no sólo en los casos comentados, esta pluma se pregunta, ¿estamos haciendo justicia en este país? ¿Estamos defendiendo la verdad? ¿Estamos garantizando procesos justos? Y, por último, ¿cuántos “tocornales” o “detenidas-aparecidas” más hay en nuestro país por injustas condenas?
.