Por Patricio Quilhot Palma

Con estupor, hemos leído en el Diario Oficial de la República del reciente 6 de Julio el Decreto N° 32, suscrito por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el cual se declara Monumento Nacional una serie de instalaciones y sectores del antiguo Complejo Maderero de Panguipulli, incluyendo al “Campamento Guerrillero N° 83”, calificándolo como “el único vestigio material, públicamente conocido del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro, implementado por el MIR como parte de la Operación Retorno, en su intento por asentar espacios de resistencia armada que posibilitasen la formación e insurgencia armada”.

Esta desvergonzada apología desmitifica el negacionismo de la izquierda política, al reconocerse formalmente la existencia de criminales acciones armadas, financiadas, planeadas, organizadas, equipadas y dirigidas desde una potencia exterior, en contra del orden establecido en nuestra patria. El Consejo de Monumentos Nacionales, consecuente con su ideologizado desempeño, ha conseguido la firma del gobierno del señor Sebastián Piñera Echeñique, para promulgar una exaltación a un grupo guerrillero, que proveniente de Cuba, se infiltró en Chile en los años 1980 y 1981, para llevar a cabo sabotajes, atentados y otros actos criminales.

No debe sorprender la indigna cesión a las presiones de la izquierda anarquista o -más bien- la complicidad con aquellas, de parte del actual gobierno de Chile, caracterizado éste por sucesivas y reiteradas torpezas, casi siempre originadas en caprichos inexplicables, en la irreflexión y en el oportunismo populista, donde el “parecer” siempre domina al “ser”.

Se trate de una cesión o de la búsqueda del aplauso de sus adversarios, lo concreto es que el gobierno avala formalmente hoy la existencia de organizaciones armadas, aun cuando ellas provengan de una potencia extranjera o de una ideología de alcances internacionales.

Este impropio gesto ratifica la carencia de análisis prospectivo de las medidas que adopta el gobierno, al no medir las consecuencias que pueden derivar de su decisión. En este caso, junto con estimular el desarrollo de las organizaciones terrorista-subversivas -como las que operan hace años en la Araucanía-, el reconocimiento homérico a un grupo de asesinos entrenados y equipados para atacar al Estado de Chile, desmitifica la mentira que rodea a la actuación de la FF.AA. y de Seguridad, en la defensa constitucional del territorio chileno amenazado por grupos de origen extranjero.

Algo tan evidente como ello, es arteramente soslayado por la mal llamada justicia de los DD.HH., la cual procesa y condena a cientos de militares y policías chilenos por haber luchado en contra de organizaciones terrorista-subversivas, tales como el “Destacamento Toqui Lautaro” que hoy es elevado a los altares del heroísmo patrio por el gobierno del señor Sebastián Piñera, dando la peor señal posible para la tranquilidad futura de nuestro país. La empresa MIR -como tuviera la gentileza de reconocerla la Contraloría General de la República- puede ahora exigir indemnizaciones por el “emprendimiento” fracasado en su “Campamento Guerrillero 83”, mientras los integrantes de la Compañía de Comandos N°8 son encarcelados por cuanto “…detentaban el brazo armado operativo del ejército a cargo de la neutralización de la guerrilla…”, tal como reza textualmente el fallo emitido en Mayo de 2016 por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Sinceramente, no hay forma de comprender el silencio cómplice de la derecha política, cada vez más merecedora del apelativo despectivo de “derechita cobarde”, por permitir los desvaríos populistas de quien lidera su gobierno y no atreverse a enfrentar con coraje y decisión al verdadero enemigo de la institucionalidad: la izquierda fracasada que sigue sembrando la discordia y promoviendo la venganza. La actuación de esta clase de derecha, inconsciente del futuro al que la conducen sus adversarios recuerda -por desgracia- la cabeza gacha de un vacuno que, mirando tristemente hacia el suelo, camina rumbo al matadero.

El sistema de justicia chileno, por su parte, sigue seducido o subyugado por la agresiva amenaza proveniente de una izquierda que trata de sobrevivir mediante una ofensiva suicida. Los buenos jueces siguen sin reaccionar, permitiendo que se siga sembrando la imagen de un Poder Judicial sometido por las fuerzas ideológicas y por una creciente corrupción. Los tiempos cambian inexorablemente y por más que los interesados lo resistan, el cambio arribará tarde o temprano. Las consecuencias para quienes han desaplicado la Ley serán -con seguridad- mucho peores que las que se puedan derivar de contener hoy la reacción amenazante de grupúsculos de extrema izquierda.

Después del decreto emitido por el gobierno del señor Piñera, suscrito en su nombre por la Ministra Consuelo Valdés Chadwick, no cabe aceptar argumentos estúpidos como que “no existía un estado de legalidad” al momento de combatir para desarticular el intento de iniciar una guerra de guerrillas en el Sur de Chile. Por ello es inaceptable que se siga encarcelando a oficiales, suboficiales y soldados por haber usado sus armas para enfrentar a esta lacra de asesinos, enviados por el régimen castrista a matar a chilenos y a arrasar con sus campos y ciudades. El mismo argumento podría ser esgrimido en unos años, cuando una patrulla militar de muerte a algún grupo de narcotraficantes, en un control de frontera, tan livianamente asignado a sus misiones por este mismo gobierno.

Hace ya mucho tiempo que la gente de la Araucanía pide a gritos que algo como la aniquilación del Destacamento N° 83 suceda en su territorio, mientras los sucesivos gobiernos miran convenientemente hacia el lado y dejan fluir los acontecimientos. Siendo absolutamente necesario que se exija al gobernante cumplir su obligación con la seguridad del Estado, a la luz de torpezas como la de este decreto y los inauditos pasos de la justicia en contra de los militares, cuesta creer que algún oficial o suboficial vaya a cumplir la orden de combatir a un guerrillero que años después va a ser proclamado como héroe, mientras él va a la cárcel. La paradoja es que -por el contrario- puede parecerle más rentable crear su propia guerrilla, esperando indemnizaciones, pensiones y homenajes.

Fuente: https://chilemerece.wordpress.com/

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