4 mayo, 2024 

Pilar Molina

Las famosas RUF que están legislando están hechas para que no se use la fuerza, más parecen “proporcionales” a cuando imperaba el «perro matapacos».

Está claro que a la izquierda no le está resultando valorar ahora la función policial y la de las FF.AA. al no darles ninguna garantía para su accionar.

Al octubrismo le resultó avalar la violencia y deslegitimar la acción policial para lo cual el símbolo del «perro matapacos» se convirtió en emblema de los actuales gobernantes: pidieron a gritos (incluido el actual Presidente) refundar Carabineros y los borraron del primer proyecto constitucional, así como los estados de excepción.

Ahora en el poder, esa izquierda requiere los estados de excepción y cada día más se acerca a escalarlos al de sitio. Casi desde que asumió, Gabriel Boric (que había votado siempre en contra) se ha cobijado en ellos para mantener estable la inestabilidad en la Macrozona Sur.  Y el oficialismo se ilusiona con poder usar a las FF.AA. para cuidar infraestructura crítica y enfrentar el crimen organizado. Siempre desconfiando, usando el nombre (estados de excepción en el sur o militares en las fronteras), pero entregando facultades restringidas (sólo en caminos principales y únicamente como apoyo a carabineros). Tirando la piedra y escondiendo la mano…

Tras los tres asesinatos con que nos encontró abril el año pasado, la izquierda tuvo que dar un paso atrás y aceptar gestionar la agenda de seguridad, donde la Ley Naín Retamal buscó darle mayores garantías a los carabineros y FF.AA. para actuar en legítima defensa. Pero todavía hay un amplio marco de interpretación jurídica y falta darles garantía a los militares si se les quiere obligar a actuar en materias de orden público y seguridad interna.

La situación del gobierno comienza a ser desesperada frente al crimen organizado y el narcoterrorismo que se disfraza de autonomía indígena.  ¡Si hasta los alcaldes del Frente Amplio le piden a su Presidente estado de sitio! Y así llegamos a las famosas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que no son mas que una distracción, porque si quieren sacar los militares a la calle por motivos excepcionales de orden público, fronteras descontroladas, crimen organizado o terrorismo, sáquenlos, pero sin pretender que conviertan sus fusiles en lumas o gas pimienta.

Es que parece que la idea de esta izquierda en el poder es “asustar” a los delincuentes con los uniformados, obligarlos a encarar una situación explosiva con su armamento letal, imitando lo que ocurrió post octubre de 2019, pero no darles ninguna garantía para su actuación excepcional y luego juzgarlos con los tribunales ordinarios.

Eso es lo que explica que hoy haya más de 150 uniformados formalizados con causas en curso por el 18 de octubre y ya condenados 45 carabineros y 8 militares. Esta semana comenzó el juicio oral a un marino que disparó luego de concurrir en ayuda de una patrulla de carabineros emboscada en la misma zona de Cañete donde el sábado pasado asesinaron y quemaron a tres carabineros. Los policías no dispararon para defenderse y los marinos durante otras dos horas usaron salvas, luego elementos antidisturbios y finalmente armas de fuego. Murió un comunero, Yordan Llempi, quien, como es habitual, no tenía nada que ver con los hechos, aunque la gresca había comenzado con la detención de su hermano, que circulaba en una camioneta robada y llevaba municiones de escopeta. El fiscal acusa de homicidio al marino y pide recluirlo por 15 años.

El gobierno ordena a los uniformados actuar para salvar el Estado de Derecho y luego fiscales y jueces, y toda la batería del Estado -Ministerio del Interior, INDH, CDE, Contraloría- los acusan de homicidio, tortura o apremios ilegítimos.  Llegan al ridículo (y no pasa nada) de no reconocer su derecho a portar armas.

Así las cosas, las famosas RUF que están legislando están hechas para que no se use la fuerza, más parecen “proporcionales” a cuando imperaba el «perro matapacos». Para obligar a los militares a utilizar claveles en los fusiles para responder molotov o disparos, porque es ridículo que en una situación de alta violencia el uniformado empiece a revisar los principios y deberes para las distintas etapas previas al uso de su arma. Cuando lo dilucide, ya está muerto y si dispara, su futuro está en los tribunales. Como acusado.

Las RUF están completamente demás, como han declarado ex comandantes en jefe y expertos, si no hay respaldo político para actuar y si los tribunales continúan ignorando los eximentes de responsabilidad penal de los militares para hacer uso del arma de servicio, contenidas en el artículo 208 del Código de Justicia Militar (“cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida”); y en el artículo 10, Nº 10, de Código Penal, que cubre al “que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo o de un derecho, autoridad, oficio o cargo”.

Este derecho a la defensa propia, hoy se les niega. Por eso los uniformados le tienen más miedo a los jueces y a los fiscales que a enfrentar a los delincuentes más violentos, como comenta Alejandra Cruzat, de “Nos Importan”, una ONG que ha asumido la solitaria lucha de defender a los militares y la policía, sacrificados desde el 18 de octubre. Entre morir como mártir y asegurar a la viuda una pensión, o envejecer en la cárcel solo y pobre, algunos lo dudan. Por eso es una incógnita si los tres uniformados de Cañete pudieron defenderse, y no lo hicieron, antes que los acribillaran.

El jueves las comisiones unidas de Seguridad y Constitución de la Cámara aprobaron, sin los votos del oficialismo, que los militares y policías sean juzgados por los tribunales militares. No los civiles involucrados. Pero la izquierda no está dispuesta a dar esa garantía de respaldo jurídico, aun cuando por encima de esa instancia esté la Corte Marcial (con mayoría civil de las Cortes de Apelaciones) y la misma Corte Suprema. Por eso, el mismo día, el Gobierno presentó una reserva de constitucionalidad y se esperaba que el oficialismo consiguiera una mayoría para rechazar esa indicación opositora en la Sala ayer viernes.

Así las cosas, es posible que hasta que no sienta amenazada su permanencia, el gobierno no atine a usar el sentido común y a restablecer el Estado de Derecho por los medios que establece la Constitución y la ley, pero con el debido respaldo jurídico y político.

Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/ruf-para-los-tiempos-del-perro-matapacos/

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