Tenemos la oportunidad de influir en una buena Constitución

José Tomás Hargous Fuentes

Cuando se publique esta columna quedarán pocos días para que se cierre el plazo para apoyar las Iniciativas Populares de Norma que serán discutidas en el pleno del Consejo Constitucional. Éstas nos dan la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la participación política, su amplitud y su relevancia en el actual proceso constitucional.

La participación es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Señala el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2004) que “[c]onsecuencia característica de la subsidiaridad es la participación”, que permite a los ciudadanos, individual o colectivamente considerados, contribuir “a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común” (CDSI, 189).

El Compendio profundiza esta idea sosteniendo que “[l]a participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social” (CDSI, 189). Como señalamos en nuestra última columna, “los cuerpos intermedios no son organismos aislados, sino que se deben al conjunto, y que deben participar en la consecución del bien común general”. Esta afirmación también corre para las personas individualmente consideradas.

Volviendo al tema que nos convoca, las Iniciativas Populares de Norma ofrecen la oportunidad de influir en el proceso, contribuyendo a que el Consejo Constitucional redacte una buena Constitución, mejor que el Anteproyecto ya presentado por la Comisión Experta. Esta propuesta, si bien está bien redactada y, en general, bien enfocada, tiene algunos puntos flojos que es necesario mejorar o de frentón incorporar.

En una columna anterior sostenía que tres iniciativas concretas para mejorar el anteproyecto pasan por “1) incorporar la protección del derecho a la vida del que está por nacer; 2) promover la provisión mixta de todos los derechos sociales; y 3) consagrar constitucionalmente el derecho de los afiliados a la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones”. Al respecto sugiero apoyar concretamente las iniciativas Nº3.903 “Toda Vida Cuenta” –que al momento de escribir esta columna no había alcanzado los 5.000 votos–, Nº2.507 “Con Mi Plata No – protejamos nuestros ahorros previsionales” –que ya superó el mínimo necesario de 10.000 apoyos para ser discutida en el pleno– y Nº1115 “Por el Derecho Preferente de los Padres” –que está por alcanzar las ocho mil firmas–.

Independiente de qué iniciativas específicas apoyemos sugiero recordar la enseñanza del Papa Benedicto XVI (Sacramentum Caritatis, 83) respecto de los “valores no negociables”, que si bien está centrada en los dirigentes políticos y sociales, “[o]bviamente, […] vale para todos los bautizados”: 1) “el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural”, 2) “la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer”, 3) “la libertad de educación de los hijos” y 4) “la promoción del bien común en todas sus formas”. Naturalmente, no nos enfrentamos a un problema igual de grave que en el proceso anterior, donde el proyecto rechazado atentaba directamente no sólo contra los mínimos valores cristianos sino que contra cualquier visión razonable de la vida social. En este caso, no obstante, aún hay mucho por mejorar, pero tenemos más opciones de que eso así sea, con un Consejo mayoritariamente republicano y con el concurso de nuestro apoyo a las Iniciativas Populares de Norma. No “tiremos la toalla” antes de tiempo. Como señalan los autores del Compendio, “es necesario […] un fuerte empeño moral, para que la gestión de la vida pública sea el fruto de la corresponsabilidad de cada uno con respecto al bien común” (CDSI, 189).