lunes 09 de marzo, 2020
Pilar Molina
La oposición ha encontrado en la agenda social un nuevo torniquete para impedir que el gobierno pueda desplegarse y remontar la crisis. Primero usó la acusación de violar los derechos humanos para desarmar a La Moneda e imposibilitarle enfrentar el orden público y la violencia. La amenaza de terminar con órdenes de captura internacional o en Punta de Peuco surtió efecto y el Presidente aflojó. Sacó a los militares a la calle con armas, pero con órdenes de no disparar, y los regresó a los cuarteles antes que terminara la violencia y después de exponerlos a humillaciones en las calles a las que no podían responder.
Los Carabineros tampoco se han sentido respaldados, a pesar de que son los que dan la lucha diaria para contener el crimen disfrazado de “protesta legítima” o “demanda social” y sin la inteligencia adecuada (desmantelada por este gobierno por el abuso de la camada del ex director general de Carabineros Bruno Villalobos). Y son también quienes deben hacerse cargo de la pérdida de legitimidad producto del “pacogate” que tampoco benefició a los que hoy son quemados con bombas molotov o perseguidos a piedrazos.
Ahora el foco está en la agenda social. Ésta es prioridad para el Ejecutivo, que ya ha aprobado y tiene en trámite otros proyectos que dispararán el gasto público al 9% del PIB este año. El Ejecutivo le pregunta a la oposición, sin embargo, por un acuerdo para detener la violencia y poder aprobar la agenda social y ésta responde que nada detendrá la violencia si no hay una agenda social consensuada con ella. Y en paralelo le cortan la circulación al gobierno impidiéndole aprobar sus propios proyectos sociales, porque lo que quieren el PS, el PPD, el PR y parte importante de la DC es algo mucho más radical en términos de déficit público y estatismo que les permita atribuírselos frente a la izquierda más ultra del PC y del Frente Amplio que les sopla en la nuca.
Esta semana se hizo patente que no es casualidad, que hay una estrategia detrás de dilatar y dilatar la aprobación de proyectos claves tanto en materia de orden público como social. El Senado respondió raudo al 8M que se celebró ayer ratificando a toda velocidad la paridad de género en una eventual asamblea constituyente, pero decidió postergar para la próxima semana la votación en Sala de la iniciativa que garantiza a casi 700 mil chilenos un ingreso líquido de 300 mil pesos (ingreso mínimo garantizado).
El mismo Senado resolvió tirar para mayo la famosa reforma previsional que se viene discutiendo desde hace seis años, cuando asumió Michelle Bachelet, entre comisiones y proyectos varios. Cuando este gobierno presentó la iniciativa, la izquierda le aseguró que se la aprobarían rápido si separaba la parte que elevó la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario en un cincuenta por ciento. El gobierno lo hizo, lo que permitió empezar a pagar ese beneficio a partir de diciembre último. Y para que la mayoría opositora de la Cámara le diera el pase, asumió otra condición que ni siquiera se atrevió a proponer Michelle Bachelet: destinar la mitad del alza de 6 puntos porcentuales a un sistema de reparto.
Bueno, la discusión está ahora en el segundo trámite y la comisión de trabajo del Senado, junto al presidente de la instancia, resolvieron que era un tema muy complejo que no se podía discutir en 6 días, como ordena la “discusión inmediata”. El gobierno, una vez más, ante la promesa que si cede tendrá los votos a futuro, accedió a rebajarle la urgencia. La jugada de la oposición es aprobarla después del plebiscito constitucional para demostrar que con la actual Constitución mejorar las pensiones de la clase media, como propone el proyecto, no es viable. Nuevamente se posterga un beneficio social de 60 o 70 mil pesos para los actuales pensionados con tal que eso no beneficie al gobierno.
En materia de orden público, a su vez, los diputados de izquierda (incluyendo DC) continúan negándose a dar los votos para que las FFAA puedan proteger infraestructura crítica, a pesar de la amenaza reiterada de los estudiantes, los funcionarios públicos y organizaciones feministas que la violencia que empezó este mes es a no parar… suponemos que hasta que caiga el gobierno.
Ese proyecto fue aprobado antes en el Senado, al igual que el que reforma, y moderniza el sistema de inteligencia, tarea que se ha demostrado clave después de la nula capacidad de prevenir o reaccionar a los hechos posteriores al 18-O. En la Cámara se iba a iniciar la discusión de la iniciativa el pasado martes en la comisión de Defensa, pero el RD Jorge Brito, que preside esa instancia, junto con retomar sus labores parlamentarias decidió suspender la sesión. El oficialismo lo acusó de continuar obstruyendo la agenda del gobierno porque se conoce la necesidad de legislar el tema.
Las encuestas nos han sorprendido con que hay un porcentaje muy grande de chilenos avalando la violencia como instrumento de acción política. Pero ese indicador negativo ha ido acompañado de otro muy positivo: hay una gran mayoría que se inclina porque los líderes privilegien los acuerdos (78%) antes que sus propias posiciones (14%). Y la misma encuesta CEP de diciembre pasado arroja que un 40% cree que la mejor forma de solucionar los problemas de hoy es reformando las leyes para realizar cambios estructurales.
Pero este Congreso no está respondiendo a ese llamado. Otro ejemplo que citó el presidente de la Corte Suprema es el de las isapres, sobre las cuales la mayoría opositora se ha negado a legislar. Piñera envió un proyecto en su primer período, otro en esta administración y sus adversarios aún no atinan a poner fin a la situación que deriva en descontento de los usuarios del sistema privado y que las isapres tuvieran costos operacionales más altos que los ingresos por cotizaciones el año pasado porque buena parte de ellos deben destinarlo a enfrentar la judicialización de las alzas de planes.
La gente está esperando esos cambios posibles y urgentes hoy y mal hacen los partidarios del «Apruebo» resistiéndose a legislar y supeditándolos a tener una nueva Constitución. Antes que nada, porque no es necesario y sobre todo, no hay tiempo. El país se polariza y paraliza progresivamente. Cada día será más difícil obtener los recursos para responder a las necesidades reales de los chilenos.
Fuente: https://ellibero.cl/opinion/pilar-molina-los-dos-torniquetes-de-la-oposicion-ddhh-y-agenda-social/
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