29 de febrero, 2020
Raúl Madrid
Abogado, profesor universitario
El Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), concedió hace poco una entrevista que contiene claves muy interesantes para entender por qué él y su colectividad apoyan las acciones violentas llevadas a cabo por los manifestantes desde el 18 de octubre, pero rechaza, sin embargo, la respuesta de las fuerzas de orden. Estas claves no se discuten críticamente en el texto; adoptan más bien la forma de eslóganes (fórmulas breves destinadas a propaganda), para permitir que se graben mejor en el auditorio.
Al principio de la entrevista, Jadue afirma: “Chile sigue con mucha esperanza de ver que a partir de marzo se empiecen a materializar los cambios que hemos estado esperando por más de treinta años”. Me parece que hay aquí tres ideas dignas de comentarse. La primera, es que parece hablar no en representación personal, de su partido o de su comuna. Ni siquiera en representación de los manifestantes, sino en representación de “Chile” entero. Caben por lo tanto dos interpretaciones: (a) o bien “Chile” incluye sólo a quienes están de acuerdo con el movimiento insurreccional, excluyendo a los otros, o (b) los incluye a todos, de manera que quienes se oponen no saben en realidad lo que quieren, y deben ser obligados por el resto del cuerpo social. El que habla de este modo sólo puede ser alguien que conoce tan íntimamente lo que es bueno para la sociedad, que los hombres no pueden arrebatárselo con sus ideas opuestas. Así, la representación de “Chile” adquiere una cierta dimensión místico-religiosa: el que habla es un elegido, capaz de expresar la voluntad de una entidad difusa, abstracta e indeterminada, a la que se le da el nombre de “el pueblo”, o “las chilenas y los chilenos”.
Es importante hacer notar que este concepto no tiene una naturaleza cuantitativa, es decir, no consiste en la suma de todos los individuos con nacionalidad chilena (esto sí se puede fijar). Representa por el contrario una especie de sustrato espiritual abstracto, y por lo tanto inabarcable jurídica o empíricamente, que representa a Dios, en la analogía religiosa, y el vocero, a su profeta. Este profeta informa los deseos de esa entelequia denominada “pueblo”. Al estar investido de un poder superior, que no requiere justificarse.
2.- El vidente comunica que el deseo del dios-pueblo es “que se materialicen los cambios que se han estado esperando por más de treinta años. ¿Qué cambios serán éstos? En realidad todos, y ninguno.La frase expresa un conjunto intencionadamente difuso de deseos e intereses, donde caben todas las frustraciones y las aspiraciones personales de cualquiera. Se trata de un hábil juego psicológico de “rellénelo usted mismo”, muy efectivo para incluir todas las ilusiones insatisfechas, ya sea que abarquen expectativas razonables, o bien intereses por completo disparatados, imposibles de concretar.
La ventaja política de la ambigüedad radica en sugerir a la población que se van a cumplir sus anhelos en general. Este mismo mecanismo redentor se emplea con la idea de “nueva Constitución”. La intención positiva de la ambigüedad se advierte, por ejemplo, en (a) que ninguna de las mejoras sociales que ha ofrecido el Gobierno desde octubre ha calmado la revuelta, y las exigencias siguen tan ilimitadas como antes. También se constata (b) en que ni Jadue, ni la colectividad que integra, han hecho nada para ayudar de manera efectiva a que satisfagan necesidades concretas de los ciudadanos (más bien las han 2 obstruido en el Parlamento). El “cambio” pues se trata pues de un cúmulo de exigencias abstractas cuya naturaleza es infinita, sin bordes.
3.-Un tercer elemento es que Chile aguarda estos cambios con “esperanza”, que habría permanecido latente por “treinta años”, es decir, durante todo el período de “regreso a la democracia”, después de la “dictadura” militar. Aquí hay un mensaje clave: los sucesivos gobiernos de la Concertación, de Piñera y de la Nueva Mayoría fueron incapaces de hacer su trabajo, y satisfacer las necesidades de “los chilenos y las chilenas”, no tuvieron la facultad de leer el alma de Chile, a diferencia del profeta.Aquí aparece otra vez el elemento teológicomístico: así como los cristianos creen que por sus buenas obras, y por acción de la gracia santificante, serán merecedores de la Vida Eterna, así también esa entidad indeterminada que se denomina “pueblo” alcanzará, con el apoyo de sus pastores, el paraíso terrenal de la perfecta justicia y el perfecto bienestar.
Ahora bien, “los chilenos y las chilenas” no hemos conseguido todavía plantarnos en el paraíso solidario, no sólo por culpa de los terremotos, los volcanes o las inundaciones, sino por causa de grupos específicos de ciudadanos que se lo impiden. Estos grupos concentrarían todo el poder político, económico y cultural, con objeto de perpetuarse en él, usando al resto de la población para sus fines, y manteniéndolos en la privación (la derecha “boicotea” los cambios, dice Jadue). Todos ellos ejercen su poder injusto a través del Derecho; específicamente a través de la Constitución vigente, desde la que se configura “el modelo” que debe ser desarticulado para poder culminar la “esperanza”.
En este punto se introduce el problema de la violencia. Las grandes masas del “pueblo” son en realidad “víctimas”: aquellos que sufren o padecen la acción de un victimario, es decir, los que están destinados al sacrificio. El victimario es justamente quien impone este sacrificio. Es la víctima la que tiene la “esperanza” de romper la dominación “injusta” de sus opresores. Esta estructura dialéctica entre víctima y victimario es estática, es decir, hagan lo que hagan, nadie puede dejar de ser lo que es. Ni el poderoso puede ser bueno, ni la víctima, mala. Así, una “víctima” puede golpear a un tercero o incendiar un templo religioso, sin dejar de ser “víctima”. Esta es la causa de que el INDH atienda sólo a los actos realizadas por los poderes del Estado.
Jadue afirma que “la izquierda ha condenado la violencia, el problema es que la izquierda no está dispuesta a hacer lo que quiere la derecha. Por ejemplo, el FPMR fue una acción de autodefensa… Condenamos la violencia, pero creemos que el pueblo tiene derecho a defenderse si la legitimidad del uso monopólico de la fuerza se pierde”. Por lo tanto, la fuerza que “el pueblo” ejerce sobre los opresores no es en realidad violencia, sino justicia, reparación. La violencia, es decir, la fuerza irracional, sólo puede ser ejercida por los victimarios. Cuando condena la violencia se refiere sólo a la fuerza estatal del orden público, porque el orden público viene a ser una estructura de opresión.
Nótese lo siguiente: Jadue dice que es necesario “desconfiar de los que llaman a la violencia, porque es probable que sean militantes de extrema derecha o funcionarios de gobierno que estén tratando de inducir a la violencia (la cursiva es nuestra)”. Es decir: si hay violencia de parte de los oprimidos, no puede provenir de ellos, la ejercen en realidad terceros. Surge aquí la lógica del “tongo”, por la que sistemáticamente se repite en el discurso público que Carabineros provoca en realidad los desmanes que dice tratar de evitar.
La violencia ejercida por los poderosos es, en esta tesis, tanto violencia en sentido estricto (coacción física), como violencia “simbólica”, es decir, la que se produce por la mera existencia de ideas y discursos que contradigan la posición de Jadue, aunque no empleen coacción física. Este segundo sentido de la violencia es altamente problemático, porque borra los límites racionales de la fuerza, de modo que toda idea y toda acción, o incluso toda presencia, puede pasar a ser considerada violenta, y por lo tanto ilícita, en cualquier momento. Ahora bien, dentro del gran fondo del derecho vigente, hay una línea de desarrollo que resulta enormemente funcional a la causa de la restauración política de las víctimas: la legislación sobre derechos humanos.
Puesto que la mayor parte de las tesis que defienden una postura como la del señor Jadue y de su colectividad son materialistas o anarquistas, es imposible en realidad que suscriban una teoría de los derechos del hombre en sentido fuerte, es decir, con un fundamento absoluto e intrínseco, basado en la misma condición humana. Hacerlo significaría, además, (a) poner al ser humano por sobre el Estado, cuestión que contradiría sus principios, sus estrategias, e incluso sus políticas concretas, e (b) impediría ejercer la fuerza (que no “violencia”) contra inocentes, porque como se ha insinuado antes, nadie al margen de la categoría de “víctima” es inocente. Esto último, dice Jadue -otorgarle derechos humanos a los opresores-, sería una “falsa” narrativa, porque se trataría meramente de una estrategia: “Yo tampoco caigo en el juego de esta derecha que pretende construir un concepto de derechos humanos completamente original y funcional a su interés (sic)”.
Como conclusión, parece importante tener en cuenta los presupuestos que configuran esta argumentación, tanto para comprender las razones de sus actos, como incluso para, eventualmente, enfrentarla críticamente. Sea cual sea la forma que se adopte para estructurar el sistema jurídico, la preservación del orden público basada en el uso centralizado y vertical de la fuerza parece un requisito indispensable para que en las sociedades prospere su aspecto más sutil y evolucionado: el diálogo, y no la violencia, como medio de resolución de conflictos.
.
