Osvaldo Rivera Riffo
Este famoso proverbio literario, que no queda claro si es de origen francés (El Mentiroso de Corneille o del español Juan de Ruiz de Alarcón en La Verdad sospechosa), es muy preciso y adecuado para referirnos una vez más a la tergiversación de la historia, a la que estamos enfrentados.
Cabe preguntarse: ¿Por qué se habla de exonerados políticos en una cifra tan exorbitante durante el gobierno militar?
La respuesta es simple y lógica. Durante ese periodo en que las Fuerzas Armadas tuvieron que avocarse a la reconstrucción de un país en ruinas, destruido en todos los ámbitos, se inicia una reforma profunda de la estructura del Estado y se reduce considerablemente el número de empleados públicos.
Los servicios y funcionarios del Estado estaban duplicados, triplicados y más aún ya que los gobiernos que le antecedieron y especialmente el de Allende, habían usado la Administración Pública como una caja pagadora para sustentar a sus propios partidarios y desde allí, con los recursos públicos, promover sus convicciones ideológicas. Esto no sólo significaba una enorme sangría para un Erario Nacional quebrado, sino que además implicaba un impedimento para avanzar en la consolidación de un Estado más eficiente en la provisión de los servicios públicos que el país requería con urgencia.
Gracias a esa adecuación de los cargos públicos a la o las funciones que el Estado debía realizar, es que Chile logró tener una administración pública sana y eficiente que junto a otras medidas nos permitió dar el salto que nos ha posesionado a la cabeza de los países latinoamericanos.
Sin embargo, a partir de 1990 los sucesivos gobiernos de izquierda volvieron a la antigua práctica clientelista y han recargado al Estado, volviendo a un sistema de burocracia insostenible, que además debemos pagar penosamente todos los chilenos con nuestros impuestos. Sin ir más lejos, Bachelet en los últimos meses de su gobierno apitutó a más de 150 mil nuevos empleados públicos en todo el país.
No hay duda entonces que en los 80-90 por la imperiosa necesidad de eficientar el Estado, política clave del modelo económico y de redistribuir el capital humano, mucha gente hubo de salir de la Administración Pública pero, y esto es clave, fue legalmente indemnizada o jubilada por la Caja de Empleados Públicos. Otros también, operadores políticos, extremistas financiados por ese Estado utilizado ideológicamente, prefirieron autoexiliarse del país para no enfrentar sus responsabilidades políticas y/o penales y abandonaron los cargos públicos que ostentaban.
Una vez que el presidente Pinochet y las Fuerzas Armadas, cumpliendo a cabalidad el compromiso auto asumido en la Constitución de 1980 nos entregaron a los chilenos un sistema democrático sano y moderno, muchos de los responsables de la destrucción de la democracia entre el 70 y el 73, retornaron a la arena política y al parlamento en 1990, consiguiendo que se les otorgaran nutridos beneficios a estos despedidos de la administración pública, invocando su calidad “injustos exonerados políticos”. Para ello sólo se requería una carta de respaldo firmada por algún parlamentario de izquierda que atestiguara que dicha persona trabajaba para el Estado en el período referido.
Así hemos llegado a una cifra de 160 mil supuestos exonerados políticos, de los cuales hasta el momento 100 mil son falsos, según afirma el Presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados, Raúl Celpa, en entrevista con Tomás Mosciatti. y a los cuales el Estado les ha cancelado 6.400 millones de dólares, lo que significa que en los últimos 16 años, 400 millones de dólares anuales se han derrochado en esta farsa y que se podrían haber utilizado para incrementar hasta en un 40% los montos de las pensiones básicas solidarias, beneficiando a más de medio millón de los compatriotas más necesitados.
Ese mismo criterio se ha empleado para la “reparación” de por vida y en calidad de beneficio hasta la quinta generación con los supuestos muertos, torturados y desaparecidos de las cuestionadas Comisiones establecidas bajo los gobiernos de la Concertación. Ha sido literalmente un saqueo a las arcas fiscales que todos los chilenos, con nuestros impuestos, día a día, año a año proveemos al Estado.
Por otra parte, se ha demostrado también que muchos muertos o desaparecidos viven tranquilamente en otros lugares del mundo, como también otros han terminado, ya viejos, recientemente sus carreras universitarias en nuestro país.
¿Pero, por qué nadie le ha puesto el cascabel al gato?
Muy simple, para todos los políticos, tanto de izquierda como de la "derecha cobarde", tener en la palestra el tema de los DDHH les da un redito electoral no menor. Da lo mismo cuanto sea el engaño y cuanto le cuesta al Estado, total ellos se benefician con un curul en las cámaras del parlamento, desde donde vuelven a complotar contra el pueblo imponiendo leyes que le otorguen buenos dividendos electorales.
Así pasaron la Ley de Reparación, la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y cuanto engendro legislativo han sido capaces de idear. En ello no se ha salvado nadie y especialmente la "derecha cobarde" que por un complejo de culpa absurdo, por ignorancia o simplemente por querer posar de "progre" ha renunciado a todos sus valores y principios y se ha hecho parte de esta grotesca tergiversación de la historia amparando un fraude inaudito.
Por cierto que cabe recordar que esta condición mentirosa del hombre vulgar ha sido relevada en la literatura universal y es el caso del proverbio con el que inicié la columna "Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”
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