No ha habido un estallido social, sino un estallido delictivo, es decir, antisocial. Lo que pasa es que el nombre se lo pusieron a la revuelta marxista los periodistas de izquierda, que dominan las pantallas, los titulares y los micrófonos. Pues lo único que ha estallado ha sido la comisión de delitos de daños, destrucción, incendio, saqueo y maltrato de obra y de palabra a carabineros y militares. El gobierno, antena repetidora de las consignas de la izquierda, no cumple su principal misión, velar por el orden público, así es que delincuentes y terroristas, muchos a sueldo, hacen lo que se les ocurre. Los carabineros son más vigilados que los delincuentes. Inspectores de DD. HH., que ganan sueldos fiscales de casi cinco millones de pesos al mes, andan escudriñando para poder acusar a los carabineros. Después éstos serán pasto de la justicia de izquierda. Es una vergüenza: sujetos que están en el decil más alto del ingreso, por su abuso contra las arcas del Estado, velan por impedir que se reprima a los delincuentes. Entonces ¿cómo van a cesar los desórdenes, si se persigue a los policías y se garantiza impunidad a los malhechores?

Recorrer hoy Santiago es como caminar por una ciudad devastada por la guerra. Los maleantes han destruido los semáforos y a las horas (pocas) en que la gente se atreve a salir se forman enormes tacos. El costo económico de la barbarie es enorme, mucho más allá de los daños materiales. Las exportaciones han caído en mil 400 millones de dólares en la segunda quincena de octubre. El turismo ha disminuido en 35 % ("La Tercera", 18.10.19). La economía se está desangrando. Chile está como la Plaza Italia, hoy un "mustio collado" de pasto seco, el Soldado Desconocido derribado y "desaparecido", el general Baquedano vejado, insultado y pintarrajeado. En la base de su monumento se lee "Piñera asesino" ¡Justicia divina!, exclamaría Julito Martínez, castigando al denostador del gobierno militar y de Pinochet, quien sí sabía combatir el comunismo y mantener el orden. Los suyos eran tiempos en que se daba garantía a los carabineros y mano dura a terroristas y delincuentes, hoy dueños de la opinión y del país y favorecidos con gigantescas indemnizaciones.

La única manera de detener el desangramiento de Chile es votar "Rechazo", es decir, No, el 20 de abril, lo que mantendrá la actual Constitución, que garantiza el orden y le ha dado a Chile el período más prolongado de crecimiento económico, paz social y estabilidad política de su historia independiente. Solamente un enajenado podría pensar en reemplazar la Carta Fundamental que le ha dado al país todo eso. Lo malo es que Chile está enajenado. En el discurso por cadena nacional de Piñera anoche habló como si ya la Asamblea Constituyente o su equivalente Convención, impulsada por sus opositores, se hubiera consagrado. Hasta usó las palabras engañosas de ellos para describirla: "la casa de todos". Es que le han colonizado la mente. Pero si triunfa la opción Sí o "Acepto", el 20 de abril continuarán la hemorragia y el desangramiento de Chile, porque nadie sabrá en qué va a terminar eso y la mayoría sospechará que en regímenes como el de Maduro en Venezuela y Morales en Bolivia. ¿Quién va a invertir en Chile si durante nueve meses (o más probablemente un año) la convención constituyente no va a resolver, por ejemplo, cómo se garantizará el derecho de propiedad, tan sólidamente protegido en la Constitución actual? ¿Ustedes creen que inversionistas extranjeros como Walmart van a confiar en los que han permitido que, hoy con protección constitucional y todo, les destruyan sus supermercados y les roben sus existencias de mercadería, con pérdidas de miles de millones de dólares? Y si triunfa el "Sí" el 20 de abril la incertidumbre sobre su derecho de propiedad se va a intensificar.

No se le puede seguir mintiendo tanto al país: aquí no hay otra crisis social que la proveniente de que la burocracia izquierdista se roba el dinero destinado a los pobres. Nadie ha podido desmentir la afirmación de que, si se le diera al veinte por ciento más pobre de los chilenos la totalidad del gasto social que les destina el presupuesto, cada familia percibiría dos y medio millones de pesos mensuales y dejaría de ser pobre, todo según cifras de la Dirección del Presupuesto. Ahí esta la raíz del malestar y la desigualdad: en que la burocracia izquierdista se queda con la plata que los contribuyentes les damos a los pobres. Se quedan con ella tan injustamente como el inspector de DD. HH. que gana casi cinco millones mensuales, es del MIR y anda buscando evidencia para meter presos a los carabineros por reprimir el delito. ¿Quieren más igualdad? Entonces supriman ese robo de la izquierda a fisco.

Si no hay un gobernante --y no lo hay-- que restablezca el orden público, la hemorragia económico-social, el descontento y la destrucción van a continuar, porque el estallido delictivo va a seguir. Pero el país no resiste otros nueve meses o un año de incertidumbre, como habrá si triunfan el Sí y la opción "Acepto" el 20 de abril. No es verdad que los 2/3 para aprobar cualquier norma sean una garantía de los derechos, porque si no se alcanza ese quórum la materia quedará fuera de la Constitución y se regirá por una ley ordinaria, que necesita simple mayoría para ser aprobada. Es seguro, entonces, que el derecho de propíedad, si hay nueva Constitución, va a dejar de tener el respaldo de 2/3 y va a quedar sujeto a la mayoría ocasional de la mitad más uno. Y con eso Chile se puede despedir de la inversión, no sólo extranjera, sino nacional, porque ¿confiaría usted, por ejemplo, en que "Retroexcavadora" Quintana no se aproveche de eso para expropiar y entregar al Estado lo que a él se le ocurra?.

Si la mayoría no detiene la hemorragia votando No, es decir "Rechazo", el 20 de abril (y parece que, según las encuestas y el manejo que la izquierda hace de la opinión pública, no lo logrará), tenemos por delante dos años negros para Chile, con un gobernante incapaz de garantizar el orden, rendido a la izquierda y acogiendo sus consignas; y una economía que se desangra. Se pagará un costo enorme antes de que en 2021 la mayoría nacional reaccione ante el caos, como siempre lo ha hecho (1952, 1958, 1973), y entregue La Moneda a un gobernante que garantice el orden, la estabilidad y la mano dura contra el estallido antisocial.