15 DE FEBRERO DE 2020

Conocí a John Cobin, doctor en Economía de la Universidad George Mason de los EE. UU., hace veinticinco años en la Universidad Finis Terrae, donde ambos hacíamos clases. No sé cómo lo lograba, porque apenas hablaba castellano. Por encargo de la Universidad traduje un libro suyo sobre nuevas tendencias en la Economía. El año pasado él tradujo mi “Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990”.

Mantenemos amistad por un cuarto de siglo porque ambos somos partidarios de la sociedad y la economía libres. Después de un tiempo él viajó a su país de origen y a los pocos años volvió de allá hablando un castellano perfecto. Nunca me lo ha podido explicar.

Posteriormente se nacionalizó chileno, cosa también para mí inexplicable, porque un pasaporte nuestro ofrece múltiples desventajas en relación al norteamericano. Por ejemplo, la primera vez que fui a Londres e hice fila en el enorme hotel Regent´s Park para tener una habitación, a todos los norteamericanos los inscribían y les entregaban la llave, pero a mí me dijeron, tras ver mi pasaporte, “Me temo que va a tener que pagar por adelantado”. Seguramente muchos compatriotas míos les habían hecho “perro muerto”.

John ahora vive en Reñaca, ciudad costera que los vándalos destruyeron en octubre, junto con apedrear los automóviles, entre ellos el de John, que se defendió disparando su pistola inscrita y que tiene autorización para portar hacia y desde el club de tiro al blanco. Disparó dos tiros al aire y dos hacia sus atacantes, hiriendo a uno en una pierna.

Fue detenido en su departamento por la PDI. Preso hace ya casi cuatro meses, está siendo procesado por cuatro homicidios frustrados. Pero él no pretendía matar a nadie, sino sólo defenderse de una turba que lo apedreaba. Pese a ello, el juez le ha negado reiteradamente la libertad bajo fianza, por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad. 

La libertad provisional es un derecho universalmente reconocido, pero John está en el bando equivocado, el de los agredidos.

Como hay tantos maleantes habituales que la obtienen, le preguntó al juez por qué no se la otorgaba y éste le respondió que quería protegerlo de la venganza de los vándalos. 

Ahora me ha comunicado que necesita diez millones de pesos para que un psiquiatra de renombre (cobra ocho millones) lo examine y dictamine que está mentalmente sano y otros dos psicólogos (cobran dos millones) confirmen su veredicto. Así, dice, podrá obtener la libertad provisional. 

Pero todo el mundo sabe que es una persona normal y al obtener licencia de su arma ya dio un examen psicológico.

Sea como fuere, sus amigos nos encontramos, en el hecho, con que el rescate de John nos cuesta diez millones, pues él carece de recursos. Yo antes le había mandado gratis un certificado mío ante notario de que es una persona normal y de que lo conozco hace muchos años, pero añadí que él había disparado en defensa propia. John me dijo que no lo había podido usar porque esa opinión mía lo perjudicaba. No veo por qué, cuando es público y notorio, pues consta en los videos que estaba siendo apedreado por la turba y sólo se defendió.

Se podría hacer una colecta para pagar el rescate, pero ningún “dador de sangre” confía en la justicia chilena. ¿Qué garantía hay de que, si pagamos los diez millones, le den la libertad provisional? En muchos casos de secuestro, si no es “pasando y pasando”, los captores se quedan con la plata y no entregan a la víctima. 

En estas circunstancias, es de temer que el de John Cobin no será sino otro “secuestro permanente”, pero en este caso no ficticio, como en los demás, sino dramáticamente real.

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/

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