Gonzalo Ibáñez Santamaría
Parte importante de la ofensiva contra el orden institucional chileno apunta, por supuesto, a inhibir a las fuerzas policiales, Carabineros y PDI, del cumplimiento de sus deberes. Son estas fuerzas las que aseguran en una sociedad civilizada el imperio del derecho como expresión del bien común sobre las pretensiones de personas o grupos que apuntan a fines distintos.
Lo hemos apreciado en estos últimos meses en que el país ha sido víctima de oleadas de violencia frente a las cuales se han erguido, como un bastión republicano, estas fuerzas policiales. Especialmente, Carabineros. Por cierto, en el cumplimiento de la tarea que les encomienda la ley, han cometido errores y varias veces han abusado en el empleo de la fuerza que les es propia. Pero el juicio de esos hechos, para ser completo y no sesgado, ha de tomar en cuenta las circunstancias en medio de las cuales ello ha sucedido. En primer lugar, cabe señalar que muchos de los que critican, han exigido que carabineros no hagan uso de sus armas cuando con ellas les correspondería defender el orden público y, aun, sus propias vidas. Frescas están las imágenes de funcionarios y funcionarias ardiendo por haber sido alcanzados por bombas molotov a causa de esta indefensión en que las fuerzas policiales se encuentran. Nadie puede extrañarse que compañeros de estas víctimas se enardezcan más allá de todo límite y descarguen su furia sobre otros de los manifestantes.
En seguida, cabe señalar el apoyo abierto o encubierto que muchos de los críticos de carabineros han dado a los promotores de la violencia y a los agentes de ella. No tienen título, ahora, para criticar en carabineros lo que ellos alaban en la delincuencia y el violentismo. Capítulo aparte merecen estos organismos internacionales denominados de “derechos humanos”, a los cuales no les interesa para nada la eficacia con que carabineros está cumpliendo con su misión de resguardar los derechos humanos de la población, sino al revés, les interesa que los delincuentes no sufran trabas de parte de la policía en la comisión de sus fechorías.
Las cosas, pues, en su lugar. Ciertamente, hay que prevenir el abuso de la fuerza y, cuando corresponda, castigarlo. Pero eso debe ocurrir en medio de una política de fortalecimiento de nuestras fuerzas policiales y de agradecimiento por la ímproba tarea que ellas realizan. No está demás señalarlo, sobre todo cuando se advierte cómo los críticos de carabineros, cómodamente sentados en sus poltronas, pueden atacarlos porque éstos entretanto están, con riesgo de sus vidas, resguardando la paz pública de la cual esos críticos abiertamente disfrutan.
Son verdaderos parásitos sociales que le succionan al país su vida y que no cesarán en su afán hasta que éste caiga muerto. En el combate por mantenerlo vivo estamos.
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